El CGAE insta al Gobierno de España y
Naciones Unidas a exigir cumplimiento de la legalidad internacional en
Sáhara Occidental y la presencia de observadores internacionales
06/07/2005
La Comisión Permanente del Consejo General de
la Abogacía Española (CGAE), ante la profunda preocupación
por los violentos acontecimientos que se vienen desarrollando desde hace
más de dos meses sobre la población civil saharaui por policía
y fuerzas armadas de Marruecos, considerada potencia ocupante del Sáhara
Occidental por Naciones Unidas (Dictamen del. Consejero Jurídico
de la ONU, S/2002/ 161, enero 2002) que ha desplazado al gobierno y al
sistema habitual de orden público así como a observadores
internacionales, ha acordado, a propuesta de la Comisión de Derechos
Humanos y Cooperación del CGAE:
- Denunciar la actuación violenta e indiscriminada de las
fuerzas marroquíes sobre la población saharaui (con elevado
número de heridos, torturados, detenciones arbitrarias y privaciones
de libertad mediante juicios sumarísimos), que ya fuera denunciada
a Naciones Unidas en 2003 por el informe de una Delegación de
juristas independientes en Misión de Observación de la
Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE).
- Instar al Gobierno de España a que exija al Gobierno de
Marruecos el cumplimiento de la Legalidad internacional y se abstenga
de prohibir la entrada y libre circulación en el citado Sáhara
Occidental de observadores internacionales garantes del respeto a los
Derechos Humanos, para testimoniar objetivamente la situación
real de lo que allí esté ocurriendo.
- Reclamar la participación activa de las Na ciones Unidas -ante
la pasividad de Misión de las Naciones Unidas para el referéndum
del Sáhara Occidental (Minurso)- para solucionar el conflicto
y la aplicación efectiva del Plan de Paz para la zona y de las
Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU ( Resoluciones
658 (de 1990) 690 (de 1991) y 1495 (de 2003) del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas sobre un plan de arreglo y la celebración
de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara
Occidental ), con absoluto respeto a los derechos humanos y libertades
públicas de la población saharaui, establecidas también
por Convenio de Ginebra de 1949 para la defensa de la población
en territorios ocupados militarmente.
- Exigir la autorización inmediata de observadores internacionales
(prensa, juristas, delegados, etc.) con cuya imparcialidad se pueda
garantizar un testimonio de la situación real en estos territorios
y del respeto y protección de los derechos humanos y libertades
públicas de la población saharaui.
- Remitir esta Declaración al Rey de España, a los
Presidentes del Congreso y Senado, Presidente del Gobierno de España,
Presidentes de la Comunidades Autónomas, Presidente del Parlamento
Europeo, al Rey de Marruecos y al Secretario General de las Naciones
Unidas.